Reformas a la Ley de la Industria Eléctrica no implican trato preferencial a la CFE: diputado Manuel Rodríguez

CDMX 23 de febrero del 2021.-Al fundamentar el dictamen a la iniciativa presidencial que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, el diputado Manuel Rodríguez González (Morena) expresó que “plantea el rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizando la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, manteniendo tarifas bajas, inclusive reduciéndolas”.

Agregó que en el dictamen se deja claro que los cambios propuestos al marco legal de ninguna manera implican la concesión de un trato preferencial a la CFE en detrimento de los competidores privados del mercado eléctrico mayorista, que en 2020 tuvieron una participación del 60.6 por ciento. “Y así continuarán”.

Por lo tanto, “es falso que se tenga la intención de impedir la libre competencia”. El fondo de la iniciativa es recuperar la función rectora y de planeación del Estado en un área estratégica como la eléctrica, para garantizar la seguridad energética y nacional, al plantear la necesidad de construir un piso parejo para todas las empresas generadoras, lo que garantizará la libre concurrencia y la libre competencia, subrayó.

En sesión semipresencial de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Energía destacó que la iniciativa es clara y categórica: detener la sangría financiera de la CFE por los subsidios a los generadores privados, cuya factura es transferida a contribuyentes y consumidores finales.

Precisó que el dictamen también plantea la necesidad de acabar con el círculo vicioso de inequidad que le puso la Reforma Energética a la CFE, al obligarla a competir en el mercado en condiciones de inequidad y desigualdad.

“Imposición de criterios de despachos con costos simulados y la imposibilidad de llevar a cabo contratos bilaterales, así como un régimen de autoabasto que derivó de un mercado paralelo disfrazado que atenta contra la libre competencia, al arrebatarle a la CFE, a través de prácticas de dumping, el 15 por ciento de clientes del mercado”, añadió.

El documento, expuso, plantea sustituir el actual sistema de despacho económico por uno de despacho basado en un contrato de entrega física de energía y capacidad de las centrales eléctricas que operará de manera mancomunada con el actual contrato legado en la CFE.

El diputado expuso que el actual despacho económico sólo toma en cuenta el costo marginal o variable, privilegiando el despacho de las centrales privadas de renovables, eólicas y solares que reportan cero en este rubro, al no utilizar un insumo que deba comprarse en su proceso de generación.

La iniciativa, afirmó, plantea un despacho con base en precios unitarios que incluya también los costos fijos, inversión en infraestructura, maquinaria y equipo; con ello, las generadoras eólicas y solares privadas que declaran un costo cero, pasan a ser las más caras con 2.70 pesos por kilowatt-hora.

“Se propone un despacho con base en precios unitarios con lo cual se despacharía, en primer lugar, la energía producida por las hidráulicas, con un criterio de protección civil; en segundo lugar, la energía generada por otras plantas de la CFE; en tercer lugar, la energía eólica y solar de particulares. Y, por último, los ciclos combinados de las empresas privadas”, dijo.

También se establece que los permisos futuros deben estar rigurosamente alineados a los criterios de planeación del Programa Nacional del Sistema Eléctrico Nacional, para evitar una autorización más allá de la demanda requerida.

Sobre los certificados de energías limpias, agregó, se establece que su otorgamiento a centrales eléctricas no dependerá ni de la propiedad ni de la fecha de inicio de operación comercial de las mismas, pues en la actualidad a pesar de que la CFE a través de sus hidroeléctricas y su central nuclear genera un 19 por ciento de energías limpias, no se le reconoce y es obligado comprar estos certificados a empresas privadas.

Mociones suspensivas

El Pleno rechazó las mociones suspensivas del diputado Fernando Galindo Favela (PRI) y de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) que proponían devolver el dictamen a la Comisión de Energía, para un mayor análisis.

Galindo Favela señaló que se violentó el procedimiento legislativo al no permitir a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad emitir y discutir su opinión.

Esparza Márquez precisó que las consecuencias del dictamen son jurídicamente inviables por entrar en contradicción con preceptos constitucionales vigentes, contravenir tratados y convenios internacionales.

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